Desde el punto de vista científico,
la responsabilidad ética en el panorama del mundo contemporáneo, se
puede entender de la siguiente manera:
[..] es deseable
éticamente que el conocimiento científico y tecnocientífico sea público,
en el sentido de estar a disposición de toda persona, y muy
especialmente cuando se trata de conocimiento sobre los riesgos de sus
aplicaciones y sobre sus consecuencias. Esta idea, a la vez, se
justifica sobre la base de ciertos supuestos que provienen de la ética,
en particular de las modernas concepciones de persona y de sociedad
democrática.
El principal
supuesto ético sobre las personas es que son agentes racionales y
autónomos, es decir, tienen la capacidad llamada razón, que entre otras
cosas les permite hacer elecciones con base en razones, y por otra parte
tienen la capacidad de decidir por sí mismas el plan de vida que
consideran más adecuado para ellas. (Olivé, 2003).
En este sentido es importante
recalcar que nuestras decisiones sobre el uso de cierto conocimiento o
tecnología conllevan una responsabilidad, debido al impacto que generan y
pueden afectar negativamente a la sociedad y al ambiente.
La siguiente tabla del CONACYT-INEGI,
presenta los niveles de interés de mayores de edad en México con
respecto a temas que establecen polémica sobre la Ciencia y Tecnología
en nuestro país.
Cuando se trata de evaluar resultados
de la aplicación de Sistemas tecnocientíficos, sea sobre su eficiencia,
sea sobre sus riesgos, no hay un acceso privilegiado a la verdad, a la objetividad o la certeza del conocimiento.
Según León Olivé (2003), existen tres razones para justificar la participación pública en el diseño, la evaluación y gestión de políticas científicas y tecnológicas, así como en la identificación, estimación y gestión del riesgo generado por la tecnociencia:
1) La primera es que si se niega la participación pública, y las decisiones en estas cuestiones se dejan sólo en manos de los expertos, entonces se genera una “tecnocracia”.
2) La segunda razón es que el desarrollo tecnocientífico hoy en día afecta a tal grado a la naturaleza y a la sociedad, que la evaluación y gestión de políticas científicas y tecnológicas implican decisiones en cuanto a restricciones sobre posibles aplicaciones de sistemas tecnológicos.
3) Por último, la democratización de
la ciencia encuentra otra razón más de justificación en términos de
justicia social, pues si bien las sociedades democráticas requieren de
expertos para resolver muchos de sus problemas, entre ellos la
generación de medios para satisfacer las necesidades básicas de los
ciudadanos -es decir, las necesidades indispensables para la realización
de cualquier plan de vida, y eso justifica la asignación de recursos
sociales a esos grupos de expertos, por lo mismo es éticamente correcto
exigir, primero, que los recursos económicos públicos se asignen con el
convencimiento del público y, segundo, que los sistemas de ciencia y
tecnología respondan a genuinas demandas de la sociedad que los
mantienen, es decir, es un deber que tengan resultados que satisfagan
genuinas necesidades sociales.
No olvides leer el contenido extenso para profundizar en el estudio del tema.
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